Hace unas semanas fui invitado por el Ministerio de Justicia para exponer en el Congreso Nacional sobre el “Arbitraje Popular” y cómo promover su desarrollo en nuestro país. Lo primero que se vino a mi mente fueron las facultades de derecho de nuestro país, donde se forman o deforman a los futuros abogados; y si los estudiantes de derecho llevan el curso de arbitraje. Cómo sería posible hablar de “Arbitraje Popular” si quienes serán sus principales operadores no tienen la menor idea de qué se trata.
Tan importante es el arbitraje que tiene expreso reconocimiento constitucional. En efecto, el artículo 62 de nuestra Constitución establece que los conflictos derivados de contratos sólo se solucionan en la vía arbitral o judicial. A su vez, el artículo 139.1 de la Constitución le otorga al arbitraje la categoría de jurisdicción (ese poder del que gozan los jueces para resolver conflictos con la calidad de cosa juzgada).
Nuestra Ley de Arbitraje en su Primera Disposición Final señala que es de interés nacional el acceso al arbitraje para la solución de controversias de todos los ciudadanos. Pero, imaginemos a un bodeguero que tiene un conflicto con un proveedor de comestibles y contrata a un joven abogado y, éste le aconseja acudir al Poder Judicial e iniciar una demanda que, con mucha suerte, será resuelta en los próximos cinco o seis años. Alguien se preguntará: ¿por qué no le aconsejó ponerse de acuerdo con la otra parte para resolver el problema en un arbitraje? Porque, el abogado que lo asesora no tiene idea de qué es el arbitraje, debido esa materia no se enseña en la universidad que estudió. Esa es nuestra realidad. Veamos algunos datos:
-Tenemos 60 facultades de derecho licenciadas por SUNEDU, de las cuales 36 son privadas y 24 estatales.
-De ese universo, tan solo 24 cuentan con el curso de arbitraje, mientras que en las 36 restantes no se enseña esa materia. Es decir, en nuestro país, el 60% de facultades de derecho no cuenta con el curso de arbitraje.
-De las 24 facultades estatales, solo 8 se ocupan del curso de arbitraje.
De estos primeros datos podemos concluir que, para el Estado peruano no es una prioridad la enseñanza del arbitraje pese a su importancia y reconocimiento constitucional.
Ahora, la universidad privada no escapa a esta incultura arbitral. De las 36 facultades privadas solo 16 imparten el curso de arbitraje. De ese universo en 5 facultades es electivo y en 11 es obligatorio.
Con esta realidad no es posible hablar de que en nuestro país pueda existir una cultura del arbitraje. Tampoco estamos preparados para afrontar el crecimiento exponencial que ha tenido el arbitraje. Muchos de los que pretenden practicar el arbitraje no lo han estudiado en una facultad de derecho y, lamentablemente esa improvisación se ve reflejada cuando se ejerce defensa o cuando se pretende actuar como árbitro.
¿Qué hacer? Debemos empezar a revertir las cifras y darle al arbitraje el lugar que se merece como curso obligatorio en las facultades de derecho (públicas y privadas). Eso va de la mano con una urgente y necesaria mejora en la calidad de la educación universitaria. No basta que exista el curso de arbitraje, es importante que quien ejerza el rol de profesor de la materia, como cualquier otra de índole jurídico, sepa cómo transmite ese conocimiento a los estudiantes. Las facultades de derecho no pueden seguir enseñando sólo los textos legales, para que sean memorizados y convertir a los estudiantes en los seres más conservadores, dedicados a mantener un sistema jurídico que ha fracasado. Por eso muchos abogados son fanáticos del estatus quo y enemigos de la innovación (Alexis de Tocqueville, citado por Jesús Garza Onofre).
Adrián Simons Pino
Noviembre, 2023
