Séneca nos dijo: “Tan solo vivimos una pequeña parte de nuestra vida. Porque todo el espacio restante es tiempo y no vida”. Por eso, el gran jurista uruguayo Eduardo J. Couture, concluyó lo siguiente sobre lo dicho por Séneca: “He aquí una confirmación del concepto de que vivir es morir diariamente” (Meditaciones sobre la Muerte). Pero, qué pasaría si ese pequeño espacio de nuestra vida es invadido terriblemente por el tiempo. Un tiempo consumido por nuestro sistema de justicia, como un monstruo Leviatán que todo lo devora, sin compasión alguna. Las historias que voy a compartir son verdaderas (solo he cambiado los personajes) y demuestran cómo una persona puede morir sin obtener justicia o esperar largos años convirtiendo su vida en un morir paulatino.
HISTORIA 1: El laboratorio.
Esta historia empezó en setiembre de 2004. La señora Carmen padecía insuficiencia renal e hipertensión arterial y acudió a un hospital para hacerse unos exámenes vía resonancia magnética. Se le inyectó una sustancia de contraste para la resonancia. Ahí empezó la verdadera tragedia para Carmen y su familia. Esa sustancia de contraste tenía una contraindicación no advertida por el laboratorio que la producía, lo que agravó la salud de Carmen, ocasionándole una fibrosis sistémica nefrogénica (grave enfermedad degenerativa) producto de un componente de esa sustancia de contraste (gadolinio).
Carmen y su familia se enteraron de que, en Estados Unidos se había iniciado una “class action” ante una Corte de Ohio, en contra del laboratorio que produce esta sustancia de contraste. En el año 2010 presentaron su demanda ante esa corte. Finalmente, el juez norteamericano les dijo que ese reclamo lo debían hacer ante las cortes peruanas, pero dictó una prohibición al laboratorio: no podía invocar ante los jueces peruanos la prescripción.
Así, en julio de 2013 Carmen y su esposo Javier presentaron su demanda ante un juez peruano en contra del laboratorio por los graves daños ocasionados, debido a que esa sustancia de contraste no tenía una advertencia para los pacientes con males renales.
¿Qué fue lo primero que hizo el laboratorio? Pues, desobedeciendo el mandato del juez norteamericano, invocó como defensa la prescripción. Y, a su vez, pidió que la señora sea examinada por un perito médico, porque cuestionaba el origen de su mal, a sabiendas de conocer los efectos adversos que el gadolinio produce en quien tiene una afección renal.
¿Saben cuántos médicos peritos fueron designados? Siete, y ninguno de ellos aceptó el encargo. Ningún médico se atrevió a evaluar el caso.
¿Saben cuánto tiempo venimos discutiendo en primera instancia la prescripción invocada por el laboratorio? ¡¡¡Nueve años y siete meses!!!
Como consecuencia del mal adquirido la señora Carmen falleció a finales del 2022. Listo. Se acabó.
HISTORIA 2: El liquidador
Don Lucho, abrumado por las deudas, cayó en insolvencia. Los acreedores pidieron su declaración de insolvencia ante Indecopi y se nombró un liquidador (liquidador 1). A don Lucho solo le quedaba la casa en la que vivía con su esposa y, se corría el riesgo de que fuera rematada. A esa fecha tenía 69 años.
Ante esa situación, la familia salió al rescate. Su yerno, para evitar que la casa fuese rematada, llegó a un acuerdo con el liquidador y compró la casa.
¿Qué hizo el liquidador 1 nombrado por Indecopi? Se quedó con el dinero.
¿Qué pasó luego? Indecopi nombró a un segundo liquidador (liquidador 2). Éste, en lugar de perseguir al ladrón (léase liquidador 1) para recuperar el dinero del que se apropió, no tuvo mejor idea que demandar a don Lucho y a su yerno, pidiendo que se declare la nulidad de la venta realizada por el liquidador 1.
¿Cuándo empezó el proceso judicial iniciado por el liquidador 2? En agosto de 2010.
Don Lucho y su yerno perdieron en primera y segunda instancia. Finalmente, o al menos eso creían, la Corte Suprema les dio la razón y ordenó que la Corte Superior emitiera una decisión. Esto ocurrió en septiembre de 2015.
Sin embargo, lejos de seguir los lineamientos fijados por la Corte Suprema, la instancia inferior ratificó su anterior decisión. Esto obligó a Don Lucho y a su yerno a volver a recurrir ante la Corte Suprema. Y ya estamos en julio de 2017.
Don Lucho y su yerno confiaban en que la Corte Suprema iba a ratificar su anterior decisión. Pero, como en nuestro país lo único seguro es que nada es seguro, se produjo una discordia (tres votos a favor de ellos y dos en contra). Había a llamar a un juez supremo dirimente. Esto ocurrió en noviembre de 2019.
Ante la inactividad de la Corte Suprema, don Lucho insistió, hasta en tres oportunidades, para que se nombre al juez supremo dirimente. Pasaron tres años sin ser atendidos sus pedidos, su salud iba en deterioro, hasta que finalmente falleció en febrero de 2023.
¿Cuántos años esperó justicia Don Lucho? 12 años, 6 meses y 12 días. Don Lucho murió a los 81 años, esperando lo que nunca llegó…justicia.
HISTORIA 3: Juan Carlos, el eterno.
En 1997 Juan Carlos fue contratado por una agencia internacional para realizar un proyecto en el Poder Judicial. En ese momento tenía 69 años.
Sin tener el cargo de funcionario público, el órgano de control interno del Poder Judicial solicitó que sea demandado por daños y perjuicios porque, supuestamente, no supervisó correctamente la realización del proyecto. Sin embargo, la máxima autoridad del Poder Judicial, luego de revisar todos los informes del caso, determinó archivar definitivamente el tema. Esto ocurrió en el año 2000.
Sin embargo, en el año 2002, un nuevo presidente del Poder Judicial dispuso que Juan Carlos fuera demandado por daños y perjuicios. Vean cómo empieza el tema: se revive un caso administrativo archivado. Un verdadero acto de espiritismo jurídico.
En la demanda se pide una indemnización de diez mil soles. Juan Carlos tiene la capacidad para afrontar ese pago, pero él se niega a hacerlo por dos razones fundamentales: (i) no ha actuado indebidamente; y (ii) su honor debe ser defendido.
Ustedes se preguntarán ¿qué ha pasado desde que Juan Carlos fue demandado? Nada. El caso sigue en primera instancia sin sentencia. Por increíble que parezca.
Han transcurrido 21 años y 27 días sin que Juan Carlos obtenga justicia. Hoy tiene 95 años y se ha propuesto llegar a los 100 para concluir este proceso judicial y ver finalmente reestablecido su honor.
HISTORIA 4: La tienda
Corría el año 1998 y Miguel tenía su pequeña empresa llamada La Textil. Le estaba yendo bien, tenía la representación exclusiva de una marca de ropa que vendía a las tiendas por departamentos.
Una de esas tiendas, a la cual llamaremos para efectos de esta historia Tren al Sur (como la canción de Los Prisioneros), le propuso a Miguel un contrato de exclusividad. Es decir, Tren al Sur se comprometía a comprarle más de 500 mil dólares en ropa por año, si Miguel solo hacía negocios con ellos. Miguel aceptó y firmaron el contrato.
Miguel, creyendo que los contratos se firman para ser cumplidos, usó todo su capital de trabajo para importar la ropa necesaria con la finalidad de asegurar su venta con Tren al Sur.
Pero, Tren al Sur nunca le compró nada. Dejó a Miguel con todo su stock y sin poder venderlo a nadie, porque él sí debía cumplir con la exclusividad. Perdió todo su capital de trabajo y las prendas se quedaron guardadas en un almacén hasta que se deterioraron.
En el año 2001, a sus 43 años, Miguel decidió demandar a Tren a Sur por daños causados por su incumplimiento.
En diciembre de 2006, se emitió la sentencia de primera instancia que dio parcialmente la razón a Miguel y le ordenó a Tren al Sur a pagar 300 mil dólares.
Tren al Sur apeló y la Corte Superior redujo la indemnización a solo 25 mil dólares. ¡Bingo! Negocio redondo, la deuda se redujo a solo el 5%. Mensaje perfecto de nuestros jueces: resulta más rentable incumplir un contrato que cumplirlo.
Miguel no se rindió y decidió recurrir al Tribunal Constitucional. Luego de una larga batalla de 8 años, en diciembre de 2015 se anularon las sentencias judiciales para que se vuelva a revisar su caso.
Las esperanzas regresaron a Miguel. Finalmente, en marzo de 2020, la Corte Suprema le dio la razón a Miguel y se ratificó la sentencia de primera instancia (dictada en el 2006).
Pese a todo esto, ¿Tren al Sur pagó la deuda más intereses y gastos judiciales? No. Miguel tuvo que pedir que se embarguen las cuentas bancarias del deudor. Todo esto significaba mayores gastos para él, porque tenía que asumir las tasas judiciales necesarias para que sus pedidos fueran tramitados (en nuestro país la justicia no es gratuita).
Pero, el Juez no puede entregar a Miguel el total de lo embargado. ¿Saben por qué? Porque Tren al Sur, cuestiona el pago de los intereses legales y los costos del proceso judicial. De Ripley, ¿no?
Hoy Miguel tiene 64 años, atrás quedaron sus sueños de emprendedor y, en su lucha por obtener “justicia”, ya lleva 21 años, 2 meses y 32 días.
En todos estos casos he acompañado a mis clientes hasta verlos morir, o envejecer luchando por sus derechos frente a empresas e instituciones que nunca envejecerán.
Adrián Simons Pino
Marzo 2023
