Desde hace algún tiempo escribo en este diario y advierto sobre cómo los derechos de los contribuyentes están siendo afectados, al punto de reducir sus posibilidades reales de defensa frente a los abusos que comete la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Los hechos que describiré pondrán en evidencia cómo se ha cerrado este círculo –o, mejor dicho, cerco– a los contribuyentes que osen reclamar por sus derechos cuando consideren que una cobranza del fisco es injusta o excesiva. Veamos:
En diciembre de 2011, publiqué el artículo Litigar contra la Sunat: el mundo al revés. Ahí expresé mi preocupación porque la señora jefa de esta entidad administrativa había declarado, ante un medio radial, que estaba en coordinaciones con autoridades del Poder Judicial para evitar que los jueces concedan medidas cautelares a los contribuyentes. Me pareció una obvia injerencia con respecto a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar los jueces, en los procesos judiciales en los cuales la Sunat es parte demandada.
En julio de 2012, publiqué el artículo La ley del embudo, donde puse en evidencia la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1121, que modificó el artículo 159 del Código Tributario. Dicha norma hizo realidad el deseo de la máxima autoridad de la Sunat. La nueva regulación, en la práctica, impide que los contribuyentes que demandan al fisco puedan solicitar una medida cautelar. En efecto, ahora se exige como requisito para acceder a la tutela cautelar, que se ofrezca una carta fianza bancaria equivalente al monto de la deuda actualizada por la propia entidad demandada (la Sunat); liquidación que ni siquiera el juez puede revisar. En materia de derechos de los contribuyentes retrocedimos, casi un siglo, al “pague primero y reclame después”.
¿Y qué vino luego? A fines del 2012, el señor Ministro de Economía solicitó al entonces presidente del Poder Judicial la creación de juzgados que sólo atiendan casos en los que se discutan temas tributarios. Dicho pedido fue atendido prontamente y se crearon seis juzgados, previa asignación de la respectiva partida presupuestaria para su implementación.
Como el círculo estaba incompleto, poco después el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incorporó en la Ley de Presupuesto para el año 2013 una partida específica de más de trece millones de soles, para financiar la creación de los juzgados tributarios. Lo increíble es que la fuente de financiamiento para la creación de dichos juzgados, provenía del pliego de la Sunat… ¡quien es parte interesada en los procesos judiciales que inician los contribuyentes!
El MEF y la Sunat tenían casi completado el círculo, pero faltaba algo: los jueces que iban a ocupar esos cargos. Fueron designados seis jueces sin mayor experiencia en procesos contenciosos complejos de gran especialización, como por ejemplo la materia tributaria. Entonces, había que capacitarlos. La Academia de la Magistratura, presidida por el señor fiscal supremo Carlos Ramos Heredia, organizó un diplomado en derecho tributario para los nuevos jueces. ¿Quiénes fueron los capacitadores? La ex presidenta de la Quinta Sala del Tribunal Fiscal (órgano dependiente del MEF), el gerente de fiscalización de la Sunat, la presidenta de la Primera Sala del Tribunal Fiscal, el ex relator del Tribunal Fiscal y la ex presidenta del Tribunal Fiscal. Listo, cerrado el círculo.
