Cada vez que ocurre un escándalo como el que ahora ocupa la atención de todos los medios, nos acordamos de una tarea histórica pendiente: la reforma integral del sistema de justicia. ¿Será más de lo mismo? ¿Seguiremos siendo víctimas de los mismos discursos prometiendo reformas? ¿Veremos las mismas fintas disfrazadas de reformas parciales mediocres? ¿Para que todo siga igual, hasta que surja un nuevo escándalo?
Como todavía hay quienes no perdemos la esperanza que nuestros gobernantes asuman por primera vez, con valentía y responsabilidad, la difícil tarea de hacer una reforma en serio; haré un breve diagnóstico de la situación y algunas propuestas radicales para intentar cambiar las cosas.
1. Nombramiento de jueces y fiscales. De acuerdo con nuestra Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene esa función. Ese sistema ha fracasado. También como sociedad hemos fracasado, lo más grave es que los miembros del CNM que han sido cuestionados, su designación fue responsabilidad del sector privado: Colegios Profesionales, Universidades Privadas y Colegio de Abogados de Lima. Hemos sido incapaces de nombrar personas con trayectoria académica e intachable hoja de vida.
Ha llegado la hora de hacer algo diferente: reformemos urgentemente la Constitución para fundar un nuevo sistema de elección de jueces y fiscales y de control de los mismos.
¿Qué propongo? Crear una Escuela Judicial encargada de seleccionar a los futuros magistrados. Pero para evitar que la ignorancia organizada se infiltre nuevamente, es preciso crear un blindaje académico. Para que eso funcione lo ideal es recurrir a la cooperación internacional, de modo tal que el nombramiento sea fruto de los méritos académicos y no de favores gestionados bajo la mesa. Ser Juez debe ser un honor y no la última alternativa. Los jueces deciden si una norma es constitucional, deciden sobre nuestra propiedad, sobre nuestra libertad. No puede estar esa función en manos de cualquier persona. Un Juez debe ser alguien especial. La carrera judicial no debe ser vista como la última opción a falta de trabajo.
2. Nuevo sistema de control. Es una realidad histórica que los órganos de control, sea del Poder Judicial o de la Fiscalía, no hayan funcionado. Se requiere crear un órgano constitucional autónomo ajeno a los jueces y fiscales, que tenga a su cargo la fiscalización, investigación y sanción. Tal órgano podría denominarse Contraloría de la Magistratura, el cual estaría a cargo de personas de diversas especialidades y ajenas por completo a la labor de juzgar.
3. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Tenemos una LOPJ que va a cumplir 30 años y como veremos está absolutamente desfasada con nuestra realidad. Necesitamos urgente una nueva LOPJ que contenga una estructura funcional del sistema judicial. Por ejemplo, que la gerencia del mismo este a cargo de una organización altamente especializada. Los jueces no deben perder su tiempo en administrar el funcionamiento del sistema. Los jueces deben dedicarse por entero a la labor que les hemos encomendado: resolver los casos de manera eficiente y rápida.
4. Nueva Corte Suprema. La vieja y vetusta LOPJ determina la cantidad de jueces supremos en un número de 20, de los cuales solo 15 tiene la labor de juzgar a través de tres salas supremas (civil, penal y constitucional). Sin embargo, la realidad ha sobrepasado cualquier límite. ¡Nuestra Corte Suprema ha colapsado!
A diciembre de 2017 nuestra actual corte suprema tiene más de 60,000 casos. Quien lea esto diría: ¡esto es humanamente imposible! Que 15 hombres soporten tamaña cantidad de procesos para resolver. Bueno, como en el Perú lo provisorio se convierte en eterno, se decidió hacer clones de las salas suprema y crear salas transitorias. Hoy tenemos 9 salas supremas que hacen un total de 45 jueces supremos. Y, ¿quiénes integran las salas clones?, ¿si solo tenemos 15 jueces titulares? Pues, se convoca a jueces superiores o de segundo grado, para que durante un tiempo indeterminado ejerzan el cargo de jueces supremos provisionales. Esta es una situación inédita en la región. Ningún país con una justicia medianamente decente tiene una corte suprema que funcione de esta manera.
Bajo esta triste realidad, es imposible tener una corte suprema que cumpla con su rol esencial: crear derecho, generar confianza y predictibilidad en sus decisiones. Debemos afrontar el problema no solo con reformas constitucionales y legislativas; también debemos diseñar un nuevo perfil de juez para nuestro país.
Si no reaccionamos ahora, lo que he descrito será peor, y nuestros jueces supremos seguirán haciendo lo que hacen hasta hoy: luchar contra el reloj de la historia y perder en el intento.
Adrián Simons Pino
Abogado procesalista y profesor universitario
