El artículo 74 de la Constitución establece que el Estado al ejercer su potestad tributaria debe respetar los derechos fundamentales de las personas.
Hace unos días la Sunat inició una agresiva campaña mediática, llenándonos de titulares alarmistas, indicando que el Tribunal Constitucional (TC) estaría poniendo en riesgo una recaudación tributaria equivalente a más de diez mil millones soles. Se está debatiendo ante el TC, una norma tributaria dictada por el Poder Ejecutivo, en la que, vía inconstitucional aplicación retroactiva, se pretende ampliar el plazo de fiscalización. Aquí está en juego mucho más que dinero.
Está en juego el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que tributan. Conforme al artículo 74 de la Constitución, cualquier norma tributaria contraria a esta, carece de valor. Esa es la consecuencia que se debe asumir cuando se legisla de manera irresponsable y contraria a la Constitución. Dejemos resolver a los magistrados del TC con respeto a su independencia e imparcialidad.
Sin embargo, hay algo más grave. El artículo 74 de la Constitución establece que el Estado al ejercer su potestad tributaria debe respetar los derechos fundamentales de las personas. Pues bien, les quiero contar que en nuestro país los ciudadanos que tributan y que discrepan de la Sunat cuando esta les imputa tributos, no tiene acceso a un sistema de justicia que les ofrezca plenas garantías de independencia e imparcialidad. El acceso al sistema de justicia para cuestionar un tributo es un derecho no solo constitucional, sino también, convencional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, establece que toda persona tiene derecho a un juez independiente e imparcial para defenderse ante cualquier acusación contra ella, o para la determinación de sus derechos de orden civil, laboral, fiscal o tributario, de cualquier otro carácter.
Todos tenemos derecho de acceder ante un juez independiente e imparcial, cuando se trate de la defensa de nuestros derechos fiscales. El problema es que, como están las cosas, esa garantía no está presente en nuestro país. Veamos por qué.
PRIMERO: La Sunat y el MEF ejercieron presión para que el sistema de justicia creara juzgados “especializados” en la revisión de las reclamaciones tributarias. Y funcionó. Con presupuesto de la Sunat se financió la implementación de nueve juzgados contenciosos tributarios.
SEGUNDO: Los jueces que conforman esos juzgados, fueron “capacitados” (prefiero decir adoctrinados) inicialmente, por personal de la Sunat y del Tribunal Fiscal.
TERCERO: Ahora ganar un caso ante esos juzgados es casi un acto heroico. ¿Tal vez la Sunat tenga a los mejores abogados del planeta?
CUARTO: El Estado ha dictado normas procesales que le dan absoluta ventaja a la Sunat cuanto litiga contra un contribuyente. Se afecta una regla elemental del debido proceso: el derecho a la igualdad de armas.
QUINTO: Y, si algún ciudadano o empresa, tiene la urgente necesidad de recurrir a la justicia constitucional a través de una demanda de Amparo por una grave afectación a algún derecho fundamental, les adelanto que será el inicio de una batalla perdida. ¿Saben por qué? En la Corte de Lima (la que más procesos tiene en todo el país), existen 13 juzgados constitucionales; pero, solo UNO de ellos, tiene competencia exclusiva y excluyente para conocer controversias tributarias. Es un juez todopoderoso, es el único en todo Lima que puede revisar casos constitucionales que involucren tributos, y al mismo tiempo, puede conocer todas las demás materias constitucionales. Ya se imaginará el atento lector, cómo terminan los casos tributarios que se presentan ante ese juzgado, luego de algunos años.
Con la grave crisis que nos está tocando vivir, la informalidad se ha incrementado exponencialmente y la recaudación fiscal seguirá cayendo. Lo que va a ocurrir, es más de lo mismo: la Sunat buscará “apretar” a los que siempre tributan (20% de la PEA) y, muchas veces, sin respeto a la Constitución. Si no hay un cambio, los ciudadanos seguiremos sin posibilidad de acceder a un sistema de justicia que, por lo menos, nos otorgue mínimas garantías de independencia e imparcialidad.
Columna de opinión – Diario Gestión 21/09/2020
