48 Horas

Publicación en Diario Gestión, Opinión – Adrián Simons Pino

Actualizado el 30/06/2020

El pasado miércoles 24 de junio, el jefe de Estado emitió una directa amenaza a las clínicas privadas dando un ultimátum de 48 horas para suscribir el “acuerdo” sobre el uso de los servicios de las unidades de cuidados intensivos; caso contrario, se aplicaría el artículo 70 de la Constitución que permite la expropiación de la propiedad privada. Acto seguido aclaró que sería una especie de expropiación “temporal”, en tanto dure la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid 19. Al día siguiente se anunció que se llegó a un acuerdo. Debemos alegrarnos por los pacientes que ahora sí pueden acceder a una atención médica, frente al colapso del sistema sanitario estatal. Pero no debemos alegrarnos por los medios usados para lograr ese fin.

Para empezar, la figura de una expropiación “temporal” es contraria a la finalidad del artículo 70 de la Constitución. Toda expropiación tiene un ánimo definitivo porque se paga un justiprecio por la venta forzada a favor del Estado. Además, para realizar tal despropósito, la voluntad expropiatoria debe ser autorizada por una ley del Congreso. Es decir, el Presidente carecía de poderes para intervenir a las clínicas privadas sobre la base de tal figura constitucional. El Jefe de Estado debería ser el personaje mejor asesorado del país, pero parece que no es así o, lo que sería peor, sabiendo de la utilización indebida de esa norma constitucional se abusó de los poderes coercitivos del Estado.

Lo que acabo de describir se suma a una serie de indicios, más que vehementes, sobre el uso de la pandemia para hacer realidad el sueño socialista de la planificación centralizada (control del Estado de los medios de producción para ponerlo al servicio del “pueblo”). Veamos.

Como se recordará, el 15 de marzo se declaró el estado de emergencia nacional. Ya vamos más de 100 días con los peores resultados. Cuando el gobierno se dio cuenta de que nuestra economía no daba para más, tarde como siempre, en lugar de usar los principios de nuestro sistema económico constitucional, mediante un acto de espiritismo jurídico, trajo del más allá el sistema de planificación centralizada de la economía que reguló la derogada Constitución de 1979. Ahora, el Poder Ejecutivo es quien elige a su sola discreción quién puede empezar a producir o trabajar; permitiendo a unos lo que prohíbe a otros. Los estatistas creyeron que, sin el concurso del sector privado, el Estado iba a resolver todos los problemas. Lamentablemente, el BCR anunció una caída de nuestro PBI en por lo menos 12.5%; y según el Banco Mundial nuestra economía será la que más retroceda en Latinoamérica a causa del Covid 19.

La mejor manera de distraer la atención es trasladar culpas a otros, tratando de convertirse en la “voz de las frustraciones del pueblo” y, a través de la política del resentimiento, atacar al sector privado. Algunos ejemplos:

1) Siendo el Estado el principal comprador de medicinas, fue incapaz de prever la escasez de remedios y equipos esenciales para combatir la pandemia; entonces había que culpar a las farmacias del desabastecimiento y encarecimiento.

2) El Estado fue incapaz de prevenir los contagios masivos en los mercados o centros de abasto; entonces responsabilizó a las personas de ser las causantes de los contagios.

3) El Estado fue incapaz de prever la falta de oxígeno; entonces, lo más fácil fue responsabilizar de las muertes por esa carencia a las empresas que producen gases o, a los comerciantes minoristas.

4) INDECOPI, declaró barrera burocrática la intervención del Ministerio de Salud (MINSA) para regular la publicidad de los octógonos, al carecer de competencia. El Presidente, usando como pretexto la emergencia sanitaria, lanzó una campaña contra esa decisión dada por una de las pocas entidades estatales que opera con relativa eficiencia.

5) La suspensión perfecta de labores resultó ser perfectamente inútil. A la fecha de las más de 28 mil solicitudes solo se han aprobado unas 230. La tasa de aprobación apenas alcanza al 0.82%.

6) Y, ahora, les tocó el turno a las clínicas. Desde el 15 de marzo que se declaró el estado de emergencia, en el artículo 5.1 del D.S. 044-2020-PCM (modificado sucesivamente), se le otorgó al MINSA la dirección de todas las entidades sanitarias públicas y privadas, con plenos poderes para intervenir. Transcurrieron más de 100 días y el MINSA fue incapaz de articular o coordinar con las clínicas para el uso de las unidades de cuidados intensivos.

¿Quién sigue? ¿Las empresas de telefonía? ¿Las empresas eléctricas? ¿Los bancos?

Recurriendo a la política del resentimiento, los mayores abusos se cometen cuando se invoca el “bien común” o el “interés social”, porque el gobernante de turno asume el monopolio moral de la voz popular. Es lamentable decir que nuestro Presidente fracasó en el intento de ser un estadista, para convertirse en un estatista.